Medio ambiente

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Víctor Ramírez Montero, jefe del Departamento de Servicio al Turista, del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), envió un pedido de ayuda a los municipios de los 31 cantones que tienen más riesgo por el virus del Zika. En la carta, les solicitaba recolectar llantas viejas, consideradas el principal criadero de zancudos transmisores de la enfermedad. Hasta les ofreció ayuda, si la necesitaban, para el traslado de las llantas hasta la planta de una empresa recicladora, en El Coyol de Alajuela.

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El volcán Turrialba despertó después de 144 años de estar dormido, habría hecho erupción en el 2010, lanzando gases y nubes grises de más de 4000 ,etros de altura, llegando a la meseta central. Este gigante tiene 3340 metros de altura, emana mucha cantidad de ceniza.

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El Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), trabaja en la nueva ley animal, la cual consta de multas a las personas que dejen heces de sus mascotas en la calle, sanciones por maltrato animal o su muerte a propósito, por abandono, peleas y cría de animales agresivos. Las multas oscilan entre los ¢424.000 y ¢848.000.

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La fecha de entrega del puente peatonal que se construye en la autopista Florencio delCastillo, frente a la bomba La Galera, en Curridabat, es incierta. Los atrasos obedecen a labores por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), como colocar tubos subterráneos, la canalización eléctrica, el asfaltado y la demarcación.

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Una estructura que se encuentra en la plaza de la Diversidad, en el campus de la Universidad Nacional (UNA), pretende concientizar a estudiantes, profesores y administrativos sobre el adecuado manejo de los residuos sólidos. Solo se requirieron dos semanas para recolectar más de 100 kilogramos de plásticos que sirvieran para rellenar una gran botella de cuatro metros de alto y 1,5 metros de diámetro.

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Tras las recientes erupciones del volcán Turrialba la caída de ceniza ha obligado a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) a lavar el cableado eléctrico en las zonas altas de Coronado, en San José. Los desperfectos se produjeron, por la acumulación de ceniza en los aisladores eléctricos y fusibles, en barrios como calle Chocó, las Nubes y Monserrath.

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Un análisis de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) concluyó que todas las regiones atendidas por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) registran importantes niveles de pérdidas de agua. Este halló pérdidas de 47% a 67% en las seis zonas donde AyA sirve el líquido, en el marco de un estudio de calidad del servicio en el 2015. El trabajo también incluyó la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).

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Antonio Núñez, de 79 años, perdió su casa en Matina de Limón, por que el dique de Banasol se rompió. Las casas de sus vecinos también fueron destruidas. A pesar de que le insistieron en que se fuera a buscar refugio, él aseveró que no lo haría. Nuñéz indicó que no abandonaría a sus perros, pero sus perros tampoco lo abandonaron. Mientras el adulto mayor buscaba recuperar algo de los escombros, sus mascotas esperaban acostados entre las latas y madera de la que fue su casa.

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Pueblo Nuevo,La Central Campesina y Castaños, son zonas que pertenecen a Coto 47 de Corredores, en Puntarenas, estas se verán afectadas por el huracán Otto. Precisamente, el aumento en los caudales ocasionado por las lluvias previas al paso del huracán, mantiene en vilo a los pobladores y autoridades.

De acuerdo con Carlos Peraza, coordinador de la Cruz Roja en la región sur, zonas altas como San Vito y Agua Buena, fueron azotadas ayer por fuertes aguaceros, lo que afecta el resto de las localidades.

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El proyecto Bajo Pital, para construir un relleno sanitario en San Miguel de Turrúcares, Alajuela, consiguió el aval de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena). Este es un plan que desarrolla la empresa Parque Industrial de Desechos, Obras en Cauce y Almacenamiento de Combustible. Esta pretende recibir entre 1.500 toneladas y 2.000 toneladas diarias de desechos, por un plazo de hasta 53 años.

Junto al aval, se le ordena al desarrollador pagar ¢37,6 millones por concepto de garantía ambiental, suma equivalente al 1% de la inversión total.

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