Política

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No alcanzaron siquiera dos meses para que el ministro de Comunicación, Mauricio Herrera, volviera a convertirse en blanco de críticas por parte de los legisladores.

El 23 de setiembre varios diputados solicitaron su destitución, después de que medios de prensa denunciaran un intento de intimidación o acoso de Herrera a través de llamadas a los reporteros. Él negó las acusaciones y aseguró que sus intervenciones telefónicas fueron malinterpretadas.

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El aumento en los salarios del sector público, entre el 2010 y el 2014, fue el factor que más contribuyó a aumentar la desigualdad de ingreso en el país en ese periodo, evidenció la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en su estudio económico para Costa Rica.

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El diputado Mario Redondo denunció públicamente lo que define como un despilfarro en el Poder Judicial en el manejo de los permisos con goce salarial. El legislador asegura que en en dos años la entidad ha gastado 3. 000 millones de colones, para un total de 42 mil días en permisos otorgados a funcionarios. 

El Director de Gestión Humana, José Luis Bermúdez Obando, defendió las licencias. "En el Poder Judicial los permisos con goce de salario se otorgan al amparo de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley de Carrera Judicial y por resoluciones de la Sala Constitucional” indicó,

Resumen: 

Una arbitrariedad y violación a los principios de seguridad jurídica, así catalogan los abogados Vannesa Castro y Fabio Oconitrillo, la petición de 28 diputados al presidente Luis Guillermo Solís de retirar a medios de comunicación frecuencias utilizadas para la difusión de radio y televisión. Los legisladores de los partidos Unidad Social Cristiana, Liberación Nacional, Frente Amplio y Acción Ciudadana enviaron la petición al mandatario basándose en informes de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) de 2014, en los que se señala una subutilización de frecuencias. 

Resumen: 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) no pidió al país la conformación de un registro de accionistas centralizado. Así lo reconoció ante los diputados del viceministro de Ingresos, Fernando Rodríguez. Lo que ocurrió fue que el Ministerio de Hacienda ofreció esto como una alternativa ante el requerimiento de datos más detallados sobre las sociedades. 

Resumen: 

El déficit fiscal alcanzó los ¢1,7 billones en el 2015, lo que corresponde a 5,9% del Producto Interno Bruto (PIB). Esto equivale al 43% de los ingresos tributarios. No obstante, el Ministerio de Hacienda resaltó que se dio un aumento del 9,9% en los ingresos por primera vez en cuatro años. 

Resumen: 

En la contienda pasada lo intentó -dos veces-, pero declinó de la postulación con el Partido Unidad Socialcristiana (PUSC) alegando que el manejo interno del partido violentaba sus principios. 

Al son de la popular canción ranchera, “El Chofer” de Vicente Fernández, adaptando su letra a “El Doctor”, Hernández la toma como símbolo de su campaña con la que intenta convencer al electorado que es el único capaz de “sanar” al país, representando ahora al Partido Republicano Socialcristiano. 

Resumen: 

Un ciudadano presentó una denuncia confidencial ante la Contraloría General de la República (CGR) contra el viceministro de Transportes, Sebastián Urbina, acusándole de violentar la Ley contra la Corrupción, y el Enriquecimiento Ilícito. 

Resumen: 

Los presupuestos que se aprueban para las instituciones del Estado muchas veces no se ejecutan, sin embargo la ley las faculta para que soliciten más recursos a la administración, aun cuando tengan otros ociosos, tendencia que agrava el déficit fiscal y pone al Gobierno central contra la pared.

Resumen: 

Con la intención de evitar un pago de ¢309 millones en favor del Estado, el Movimiento Libertario recurrió la sentencia que le impuso el Tribunal Penal de San José, en octubre pasado, por estafar al TSE al cobrarle charlas de capacitación ficticias en la campaña electoral del 2010.

Los libertarios apelaron el fallo ante el Tribunal de Apelaciones, con el alegato de que nunca hubo un daño para el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), entidad que administra y custodia la deuda política.

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