Corrupción

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La propia Auditoría Interna del ICE cuestionó la razonabilidad de los honorarios que ese Instituto y Jasec acordaron pagarle a la empresa Consultores en Infraestructura GIP, durante 16 años, por desempeñarse como la unidad ejecutora del proyecto hidroeléctrico Toro III, construido por ambas empresas públicas en Venecia de San Carlos.

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No alcanzaron siquiera dos meses para que el ministro de Comunicación, Mauricio Herrera, volviera a convertirse en blanco de críticas por parte de los legisladores.

El 23 de setiembre varios diputados solicitaron su destitución, después de que medios de prensa denunciaran un intento de intimidación o acoso de Herrera a través de llamadas a los reporteros. Él negó las acusaciones y aseguró que sus intervenciones telefónicas fueron malinterpretadas.

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El aumento en los salarios del sector público, entre el 2010 y el 2014, fue el factor que más contribuyó a aumentar la desigualdad de ingreso en el país en ese periodo, evidenció la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en su estudio económico para Costa Rica.

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El diputado Mario Redondo denunció públicamente lo que define como un despilfarro en el Poder Judicial en el manejo de los permisos con goce salarial. El legislador asegura que en en dos años la entidad ha gastado 3. 000 millones de colones, para un total de 42 mil días en permisos otorgados a funcionarios. 

El Director de Gestión Humana, José Luis Bermúdez Obando, defendió las licencias. "En el Poder Judicial los permisos con goce de salario se otorgan al amparo de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley de Carrera Judicial y por resoluciones de la Sala Constitucional” indicó,

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Una arbitrariedad y violación a los principios de seguridad jurídica, así catalogan los abogados Vannesa Castro y Fabio Oconitrillo, la petición de 28 diputados al presidente Luis Guillermo Solís de retirar a medios de comunicación frecuencias utilizadas para la difusión de radio y televisión. Los legisladores de los partidos Unidad Social Cristiana, Liberación Nacional, Frente Amplio y Acción Ciudadana enviaron la petición al mandatario basándose en informes de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) de 2014, en los que se señala una subutilización de frecuencias. 

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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) no pidió al país la conformación de un registro de accionistas centralizado. Así lo reconoció ante los diputados del viceministro de Ingresos, Fernando Rodríguez. Lo que ocurrió fue que el Ministerio de Hacienda ofreció esto como una alternativa ante el requerimiento de datos más detallados sobre las sociedades. 

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El déficit fiscal alcanzó los ¢1,7 billones en el 2015, lo que corresponde a 5,9% del Producto Interno Bruto (PIB). Esto equivale al 43% de los ingresos tributarios. No obstante, el Ministerio de Hacienda resaltó que se dio un aumento del 9,9% en los ingresos por primera vez en cuatro años. 

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Un ciudadano presentó una denuncia confidencial ante la Contraloría General de la República (CGR) contra el viceministro de Transportes, Sebastián Urbina, acusándole de violentar la Ley contra la Corrupción, y el Enriquecimiento Ilícito. 

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Carlos Brenes cardiólogo del Hospital Calderón Guardia, viajó a España la semana pasada para participar en una capacitación del Hospital de San Pablo en Barcelona.

La información fue confirmada por el propio director del centro médico, Taciano Lemos, quien justificó el viaje y aseguró que la formación se realizaría en periodo de vacaciones del funcionario.

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Con la intención de evitar un pago de ¢309 millones en favor del Estado, el Movimiento Libertario recurrió la sentencia que le impuso el Tribunal Penal de San José, en octubre pasado, por estafar al TSE al cobrarle charlas de capacitación ficticias en la campaña electoral del 2010.

Los libertarios apelaron el fallo ante el Tribunal de Apelaciones, con el alegato de que nunca hubo un daño para el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), entidad que administra y custodia la deuda política.

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