Corrupción

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30 años de prisión es la sentencia de un hombre por múltiples delitos de estafa en perjuicio del Instituto Nacional de Seguros (INS),  la instituciòn afirmó que hay como 600 estafas clasificadas como dolosos. El último caso fue denunciado en los juzgados de Goicochea, por motivo de que usaban documentos falsos para que los usuarios los firmaran, así cada mes recibirían dinero en sus cuentas personales.

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De acuerdo a declaraciones de los exgerentes de la Junta de Protección Social (JPS), Luis Polinaris y José Manuel Echandi, estos indican que los sorteos se hacen de una manera transparente y con buena seguridad. A la vez, en la JPS aceptaron que, ante el impedimento legal, no les pagarán a los jueces el mes de julio por la fiscalización de los sorteos nocturnos, a ellos lo que se les brinda es una contribución.

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El político del Partido Conservador de Canadá, Brian Pallister, mencioná que él no tiene nada de valor en Costa Rica, sólo que una casa de playa. Pero,Pallister está al mando de la sociedad Finca Deneter Doce S.A., la cual es dueña de las tres propiedades ubicadas en Santa Cruz, a pocos kilómetros de Tamarindo., estas unas de las cuales ha ocultado el legislador.

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Sistemas infórmaticos ya no son tan fiables para garantizar la seguridad en el manejo de datos tributarios. El  Ministerio de Hacienda realizó un taller para explicar la forma en que funciona este modelo. En el taller participaron expertos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de España (AEAT) y el objetivo era hablar de las mejores prácticas internacionales en estas materia.

 

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Karla Prendas y Ronny Monge, legisladores del Partido Liberación Nacional (PLN), deberán enfrentar a las autoridades de esa agrupación política. Específicamente pareciera que ambos legisladores llegaron a un acuerdo para que el esposo de Prendas fuera nombrado en el despacho de Monge y la esposa del alcalde de Alajuela, Roberto Thompson, Shirley Calvo, en el de Prendas. 

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El jefe de Financiamiento de Partidos Políticos en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Ronald Chacón, dió a conocer el caso de que se dieron irregularidades en los documentos que presentó el Partido Acción CIudadana (PAC), esto durante la campaña electoral del 2006-2010, indicando que habían facturas falsas firmadas.

De acuerdo con la Procuraduría General de la República existen certificados de pago de tipos A y B emitidos por el PAC y que en el caso de los B, al revisarlos, notaron que eran falsos porque correspondían a servicios especiales brindados de manera voluntaria.

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La Fuerza Pública de San Ramón es denunciada por supuestas irregularidades en nombramientos de una funcionaria de apellidos Quesada Carvajal, la mujer fue favorecida con un nombramiento en la sección de Radiopatrullas de la Delegación Policial de San Ramón, sin que se le tomara el criterio al actual jefe policial, Jeff Kellerman Todd. El documento cita el nombramiento que se efectuó sin la consulta pertinente, los denunciantes quisieron dar a conocer lo sucedido ya que no se realizó el debido proceso y el manual de mando.

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Un informe de la Contraloría General de la República (CGR) identificó debilidades en el registro de la contabilidad presupuestaria en la Junta de Protección Social (JPS), donde se anotó como ejecución de gasto, al 31 de diciembre de los años 2012, 2013, 2014 y 2015, el posible pago de premios de los sorteos realizados en noviembre y diciembre inmediatamente anteriores, considerando para su cálculo una estimación de los premios por pagar en dichos meses.

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La propia Auditoría Interna del ICE cuestionó la razonabilidad de los honorarios que ese Instituto y Jasec acordaron pagarle a la empresa Consultores en Infraestructura GIP, durante 16 años, por desempeñarse como la unidad ejecutora del proyecto hidroeléctrico Toro III, construido por ambas empresas públicas en Venecia de San Carlos.

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No alcanzaron siquiera dos meses para que el ministro de Comunicación, Mauricio Herrera, volviera a convertirse en blanco de críticas por parte de los legisladores.

El 23 de setiembre varios diputados solicitaron su destitución, después de que medios de prensa denunciaran un intento de intimidación o acoso de Herrera a través de llamadas a los reporteros. Él negó las acusaciones y aseguró que sus intervenciones telefónicas fueron malinterpretadas.

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