Corrupción

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Los diputados de 7 fracciones legislativas dictaron sentencia en contra de dar prioridad al proyecto de reforma de la ley de delitos informáticos. La propuesta sólo tuvo el apoyo del PAC y del frente Amplio. Fihsman propone comisión con delegados de todas las fracciones para que definan las lineas del proyecto.  Los artículos más peligrosos, varios de ellos están en estudio en la Sala IV gracias a recursos de Amparo. El Ejecutivo tiene entre sus prioridades para estos tres meses de sesiones extraordinarias  la reforma a dicha ley aunque no hay avance.

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Un grupo de abogados se cansó de esperar que el gobierno y la Asamblea Legislativa, hicieran las modificaciones necesarias a la ley de delitos informáticos para que este no violente el derecho de información. Prepararon una propuesta de referendum para que sea el pueblo el que ejecute lo que a los políticos les ha costado hacer. Presentaron la propuesta en la Asamblea del Colegio de Periodistas para solicitar apoyo. Este gremio está valorando la posibilidad de apoyar el referendum ya que el gobierno parece que no tiene propuesta.

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La Contraloría General de la República dio 6 meses de plazo a la junta directiva del CNC para que integre el ente fiscalisador del contrato de la carretera San José- Caldera, a fin de iniciar de una vez por todas las labores que le corresponden al Estado. A 10 años de refrendado el contrato, por improvisación, falta de toma de decisiones, no se ha conformado el ente fiscalizador y los usuarios se han visto afectados por las interrupciones debido a las fallas en la construcción.

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El OIJ, sección de fraudes de la Fiscalía de Providad, transparencia y anticorrupción, allanó ayer el CONAVI. Las investigaciones se centran contra el exdirector del CONAVi. El hombre era el encargado de verificar el cumplimiento de contratos y registros de empresas que se encargan del mantenimiento vial. Supuestamente se valió de su cargo para favorecer parientes.

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La Sala Tercera arruinó la navidad del expresidente Miguel Ángel Rodríguez, al comunicarle que la sentencia que lo habría puesto en libertad fue anulada.

Rodríguez aseguró que recurriría a la apelación para poder reversar la decisión de la sala.

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Duglas Caamaño explica que el derecho de información está consagrado en la Constitución Política por encima de la ley "mordaza". El considera que el TSE violó sus derechos al no informarle sobre la denuncia que él interpuso. Buscó en la Jurisprudencia y encontró el voto donde los magistrados hacen un análisis minucioso del tema. Este voto no se tuvo en cuenta en la "ley mordaza"

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Duglas Caamaño explica que el derecho de información está consagrado en la Constitución Política por encima de la ley "mordaza". El considera que el TSE violó sus derechos al no informarle sobre la denuncia que él interpuso. Buscó en la Jurisprudencia y encontró el voto donde los magistrados hacen un análisis minucioso del tema. Este voto no se tuvo en cuenta en la "ley mordaza"

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Ottón Solís, Diputado del Partido Acción Ciudadana arremetió contra las acciones que no ha emprendido el gobierno para reducir el gasto público y dice que se ha repetio el mal actuar de otros gobiernos.

“Me tiene bastante harto”, expresó el legislador, refiriéndose a casos como el derroche de dinero en alquileres, la pretensión de compra de un edificio para el Ministerio de Hacienda sin que medie una licitación y el exceso de asesores en la Asamblea Legislativa". Manifestó el diputado. 

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Ronald Bolaños, empresario y profesor del Instituto Tecnológico de Costa Rica, expone la situación real del avance en esta materia para la industria del  país y las experiencias que ha vivido al momento de acercar nuevas tecnologías a la población a través del sector público. 

Tanto Bolaños, como Ana Madrigal y Carlos Montenegro de la Cámara de Industrias, detallan el contexto de la realidad que ya vivimos.

Resumen: 

Aunque el presidente Luis Guillermo Solís, no estuvo presente en la fiesta del 18 de diciembre del 2014 en la casa de Álvaro Quesada, directivo del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop), documentación y otros datos revelan que si recibió invitación para el cuestionado evento.

La interrogante es que si los jerarcas sabían de eso entonces por que permitieron que primero se pagara un catering service por ¢544 mil y luego el alquiler de equipo de sonido por ¢130 mil en una institución donde parece el despilfarro es cosa de todos los días.

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