Corrupción

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La ex directora del INVU pidió que se anulara su despido sin responsabilidad patronal acordado por la Junta Directiva el 21 de enero 2014 tras comprobar que la funcionaria dio casas de bien social a familiares suyos en el proyecto Radial II en Guarari de Heredia. La solicitud fue rechazada días después de manera unánime por la Junta que también rechazó la apelación. El baogado de la ex funcionaria alega que la Junta no tiene competencia disciplinaria sino la gerencia general del INVU. El instituto lleva dos investigaciones más contra el ingenieron y la trabajadora social.

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EL ÁREA DE INTERÉS SOCIAL DEL INVU AVALÓ EL OTORGAMIENTO DE UNA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL A UN FAMILIAR DE LA DIRECTORA DEL PROYECTO EN CUESTIÓN, AMARYLIS AGUILAR. EL SOBRINO DE LA FUNCIONARIA VIVIÍA EN TIBÁS ANTES DE LA ASIGNACIÓN DE LA CASA EN PUNTARENAS. AL RESPECTO, JUAN DE DIOS ROJAS, INDICA QUE EN ESTE TIPO DE PROYECTOS LAS PERSONAS DE LA ZONA DEBEN TENER PRIORIDAD. AMARYLIS AGUILAR ES INVESTIGADA DESDE EL 2013, POR EL OTROGAMIENTO DE VIVIENDAS A SUS FAMILIARES EN

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Un ingeniero del INVU, de apellido Chaverri, fue despedido por habitar desde hace varios meses en una casa de bienestar social ubicada en Guararí de Heredia. La denuncia la realizaron vecinos de Guararí ante la Procuraduría General, la cual ordenó la investigación por avalar un mayor tamaño de los terrenos para tres mujeres beneficiarias del proyecto de vivienda, así como por vivir en una de las viviendas de interés social. El despido no se puede hacer efectivo, pues Chaverri acudió al Tribunal Contencioso- Administrativo en procura de una medida cautelar que congelara la orden.

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El señor Mariano Figueres señala en su entrevista que no dudó en recomendar a Ingrid Moya para el puesto de directora adjunta del ICD. No obstante, señala que desconoce si contaba con todos los requisitos solicitados para el puesto. Menciona que la experiencia de Moya en el campo del lavado de dinero es importante. Enfatizó en que Moya era candidata de los representantes del Poder Ejecutivo.

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Dos italianos,padre e hijo,fueron detenidos cuando intentaban vender cuatro imitaciones de motosierra. Intentaron sobornar a uno de los policías, tras la detención, con 300.000 colones.

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SUSPENDIERON A POLICÍA DURANTE TRES MESES POR SER EL SOSPECHOSO DE VENDER PARTES DE UN CARRO HYNDAI QUE TENÍA EN CUSTODIA. ESTA ACCIÓN DE PECULADO SE LOGRÓ DETECTAR GRACIAS A LA AYUDA DE OTROS POLICÍAS QUE REPORTARON EL INCIDENTE.

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Después de nueve meses, los Gobiernos de China y Costa Rica tienen listo el acuerdo que planean firmar el lunes, como uno de los platos fuertes de la visita del presidente Xi a Chinchilla en la Casa Presidencial. El crédito por $400 millones para la ampliación de la ruta 32,entre el cruce Río frío-limón, dice el embajador tico en Pekín, que tendrá un plazo de 20 años, con un interés de 3,5% y un periodo de tres años de gracia para empezar a desembolsar los pagos.

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El BANHVI adquirió 4069 casos de interés social para familias de escasos recursos, sin revisar una inspección previa de las viviendas en el proceso de construcción. El BANHVI utilizó para estos proyectos unos 48 millones. La Controloría General de la República le exige al BANHVi que debe velar por la correcta fiscalización de los recursos, incluyendo control de calidad de las obras. En el 2011, hubo problemas en la ejecución de sus proyectos debido a la mala calidad de los suelos.

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La Gerente General del INVU dio el visto bueno a una construtora pese a la objeción técnica, vinculada a la falta de capacidad financiera. El proyecto, situado en Guararí, Heredia, pretende dar solución de vivienda a 44 familias pobres. La Contraloría General de la República hizo una auditoría sobre proyectos financiados por el BANHVI, en dieferentes partes del país, en la que se anotan múltiples problemas en las construcciones. La gerente general no se quiso referir al caso, mientras representantes de la constructora enviaron dos derechos a la respuesta al periódico La Nación.

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La concesionaria OAS envió una carta al Gobierno cobrando por dar por terminado el contrato $46 millones. El gobierno pide explicaciones.

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