Violencia - Estado/Gobierno

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El acto cívico del 11 de abril no pudo llevarse a cabo con normalidad, debido a bloqueos alrededor de la Plaza Juan Santamaría. Los bloqueos se dieron como medida del Poder Ejecutivo, ante las manifestaciones contra la concesión de la carretera a San Ramón.

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Tras el atropello que sufrió la niña de 10 años, los médicos tuvieron que amputarle la pierna derecha, desde la rodilla. La niña necesita una protésis valorada en 4,5 millones de colones, no obstante las atenciones previas han consumido su seguro. El Instituto Nacional de Seguros señaló que no es responsable de cubrir los gastos de la protésis. 

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Hace cuatro años, el joven estadounidense Gimel Farb dijo adiós a su familia para viajar a Costa Rica. Desde ese día no lo han visto más. Los padres del joven se cansaron del poco apoyo gubernamental para la búsqueda de su  hijo, por lo cual decidieron crear una fundación. Esta tiene como objetivo la ayuda a familiares en casos similares. 

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos  estudia una queja planteada contra el Estado de Costa Rica por negar el matrimonio a las parejas del mismo sexo. 

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Agentes del OIJ detienen a un oficial de la Policía de Tránsito en su lugar de trabajo. Supuestamente, el oficial pateó un vehículo que circulaba sin marchamo. La acusación señala que el policía lo persiguió al dueño del carro hasta una propiedad privada.  

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Cuatro días antes de la celebración de la Navidad, la Junta Directiva de la CCSS tomó la última decisión del 2012: luego del análisis de varios informes de gestión, se acordó la intervención, por un año y con posibilidad de prórroga, del Hospital de Nicoya, el segundo más importante de la Región Chorotega.Críticas a las listas de espera y denuncias de usuarios sobre la calidad de atención son las principales razones por las cuales el nivel central de la CCSS tomó control de los servicios sin aviso previo. 

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El Foro Social del Caribe pide a la Caja Costarricense de Seguro Social a que se comprometa a realizar mejoras de fondo a la deteriorada infraestructura del centro médico. 

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La Sala Constitucional condenó al Estado costarricense, luego de comprobar que oficiales del Centro Penitenciario La Reforma, le practicaron una requisa anal a un privado de libertad. Además, verificaron que los oficiales no contaban con el consentimiento del privado de libertad para hacer tal requisa.

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La ayuda para unos 43.000 pequeños cafetaleros afetados por el hongo de la roya podría sufrir un atraso. 

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Reformas a la Ley de Delitos Informáticos, aprobadas por los diputados, eliminan los riesgos en el ejercicio de la libertad de expresión. Los artículos reformados castigaban con cárcel de 3 a 6 años, la publicación de informes de interés público. 

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