Corrupción

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Una empresa que brinda servicios de seguridad, de las 500 que aparecen como morosas con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), afronta un proceso penal por el delito de fraude de simulación. El caso que se investiga  investiga se dieron entre los años 2004 y 2013, tienen relación con la empresa denominada Servicios de Investigaciones Puntarenenses y figuran como imputados una mujer de apellido Campos y un hombre de apellido Álvarez, comunicó la oficina de prensa del Ministerio Público.

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Giannina Dinarte, ministra de Economía, ofreció una conferencia de prensa donde expuso los motivos que tuvo este gobierno para buscar la apertura del mercado del cemento y aclaró su participación con el empresario Juan Carlos Bolaños y la empresa Sinocem.

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El Partido Acción Ciudadana (PAC), le pidió la renuncia al diputado Víctor Morales Zapata y  lo mandó a investigar en su tribunal de ética. El PAC tomó esta decisión porque Morales Zapata es investigado por la Asamblea Legislativa por el caso “Cementazo”. En el Congreso se abrió una investigación para determinar si hubo tráfico de influencias en el otorgamiento de un crédito por $30 millones al importador de cemento chino Juan Carlos Bolaños.

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El ministro de Agricultura, Luis Felipe Arauz, y el viceministro de Trabajo, Luis Emilio Cuenca, pidieron la intervención del Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop), debido a que se estan dando malos manejos en la entidad.

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Un informe sobre la Evaluación de la Gestión del Área de Salud de Desamparados reveló que el Centro de Atención Integral en Salud (CAIS) Dr. Marcial Fallas perdió por concepto de citas no otorgadas un monto de ¢820 millones en los primeros 10 meses del año 2016. El estudio reveló además que el servicio de emergencias no cuenta con un espacio adecuado para atender a los pacientes para seleccionarlos y que es el mismo médico quien realiza la preconsulta lo que revela una gran carencia en el área administrativa y de organización.

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La propuesta de transformar la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) en la Dirección de Inteligencia Estratégica Nacional (DIEN) continúa generando dudas entre los diputados de oposición. Incluso, varios de ellos insisten en que la reforma es insuficiente y que la DIS debería simplemente desaparecer.

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La viceministra de Presidencia Ana Gabriel Zúñiga, insite en no devolver los 30 millones de colones que le dieron adicionales a su salario.El pago por prohibición se devenga en el sector público como compensación a los funcionarios al no poder ejercer su profesión libremente. Zúñiga se aferra a dos normas que según ella dan legalidad a su pago de un 65% de más, una el artículo 5 de la Ley de Compensación por Pago de la Prohibición y los artículos 14 y 15 la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, a pesar de que no es licenciada en derecho y no está colegiada.

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En las últimas semanas, y como suele suceder por estas fechas cada cuatro años, se incrementa el debate nacional por las legítimas pretensiones de varios costarricenses de aspirar a la Presidencia de la República, anunciando sus precandidaturas desde distintos partidos políticos. Resulta altamente irresponsable presentarse a la ciudadanía solamente con su nombre y los éxitos personales como únicas cartas de referencia.

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La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción anunció que investigará el actuar de la concesionaria de la ruta 27, Globalvia, al dar trámite a una denuncia interpuesta por el diputado del PAC, Javier Cambronero.

La acusación es por un presunto fraude de ley relacionado con la venta del 51% de sus acciones, el cual no fue informado a la Contraloría General de la República y mucho menos al Consejo Nacional de Concesiones (CNC).

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Una carta enviada al fiscal general Jorge Chavarría pide investigar a tres empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), entre ellos a la presidenta ejecutiva, por incumplir su deber, según dijo. Los funcionarios acusados, además de la presidenta ejecutiva María del Rocío Sáenz, son el gerente financiero Gustavo Picado y Luis Diego Calderón, director de Cobros.

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