Corrupción

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Cada legislador del país recibe un monto mensual de 161 mil colones, que al año suma casi ¢2 millones, que incluye tanto los gastos desde el celular, como las llamadas desde su despacho. Pero un grupo de diputados decidió renunciar a este beneficio, entre ellos están los liberacionistas: Maureen Clarke, Antonio Álvarez Desanti y Rolando González, así como el rojiamarillo Javier Cambronero. 

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La Asociación Costarricense Pro Pensiones Justas y Solidarias (Penjusol), es una de las fuerzas que llegó a la Sala Constitucional, con el fín de poner un alto a las pensiones de lujo que son pagadas con el presupuesto nacional.  Para la asociación, las pensiones de lujo se han convertido en uno de los principales causantes del desequilibrio financiero que afornta el gobierno, pues aseguran que el Estado ha pagado entre 500 millones y 750 millones de dólares a un sólo pequeño grupo.

Resumen: 

En la actualidad los patronos han retenido dinero de las cuotas obreras a sus empleados, y en lugar de pagarlos a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) se los han dejado, o han reportado montos diferentes a los que de verdad devengan. Según los datos de la Caja, hay un total de ¢10.945 millones que no han sido reportados por los patronos ante dicha entidad, sin embargo no entendemos cómo es que no se toman cartas en el asunto para que este dinero entre a las arcas de la institución.

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El Tribunal de Juicio de San José, citó a más de 210 testigos para dar el fallo que condena al tesoreros del Partido Acción Ciudadana (PAC), Mainor Sterling a 6 años de prisión y Manuel Antonio Bolaños Murillo a 5 años. A ellos se les atribuye estafar al Estado con bonos de servicios que realizaron gratuitamente varios miembros del partido en la campaña presidencial del año 2010. 

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El diiputado oficialista Ottón Solís envió una carta al ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, donde pedía se investigara si hubo un aumento en los salarios de los más altos jerarcas. Se trata de Olivier Castro, presidente del Banco Central y Eduardo Prado, gerente. En ese momento, el gobierno guardó silencio, a diferencia de ahora cuando  las alzas, se dan para el personal raso del banco y no para sus cabezas. 

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El Banco Central de Costa Rica (BCCR) no siguió la ódenes de la Presidencia de la República sobre que este no es el mejor momento para hacer ajustes salariales de hasta un 17%. Mediante un Comunicado de Prensa, el BCCR justificaba más bien el alza de incluso ¢400 mil por mes para algunas jefaturas, bajo el argumento de que es necesario mantener la competitividad de los sueldos, retener y atraer nuevo personal.

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Gustavo Kaoutsouris, asesor legal, y Jorge Sánchez, director ejecutivo, ambos voceros de la Fundación Proagroin, indican que los productores de piña están siendo confundidos por terceras personas, ellos alegan que no hubo ninguna estafa. La tesis de Proagroin es que al igual que ocurre con cualquier préstamo bancario, si las personas no pagan procede la toma de propiedades para remate.

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De acuerod con La Dirección Ejecutiva del Congreso los diputados de la Asamblea Legislativa además de recibir un salario mensual que supera los ¢3 millones, se le reconoce un monto anual de ¢1.932.000 por concepto de factura telefónica.A los legisladores también se les reconoce un monto por gasto en combustible, en 2015, tras un Pronunciamiento de la Procuraduría General de la República (PGR) se estableció que se les reconocen 500 litros de gasolina cuando realicen giras o se desplacen en vehículos de la Asamblea Legislativa.

Resumen: 

Nueve entidades autónomas planean gastar en conjunto casi ¢19.000 millones en este rubro durante el 2017, la cifra crecerá en ¢13.546 millones con respecto al 2016, cuando esas instituciones gastaron en conjunto ¢5.270 millones en apoyo externo.Los presupuestos de las autónomas son aprobados por la Contraloría General de la República (CGR). No son discutidos en el Parlamento, como ocurre con el plan de gastos del Gobierno Central, por lo que sus erogaciones escapan al escrutinio de los diputados.

Resumen: 

Un casino, un abogado, una empresa constructora o una corredora de bienes raíces costarricenses pueden ser la herramienta ideal para ocultar el entramado de una red de financiamiento al terrorismo.

Eso hace débil a Costa Rica ante el ingreso de dinero para financiar grupos dispuestos a ataques extremistas o algo más común, el lavado de dinero procedente de la delincuencia organizada a través de sociedades anónimas, fundaciones u organizaciones no gubernamentales.

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