Violencia - Estado/Gobierno

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Un año y medio después de que los datos de 522.000 asalariados fueron copiados de manera ilegal, mediante un hackeo al Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere) de la CCSS, el caso está en la impunidad: no hay responsables ni acusación. El hecho ocurrió en marzo del 2015, pero la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) lo reveló el 31 de agosto de ese año.

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Dentro y fuera de las familias hay problemas, unos más fáciles de resolver que otros, por ende en los ministerios, empresas e instituciones del país pasa lo mismo; sin embargo, la consigna en todos estos casos debe ser primero resolver lo que pasa internamente y después lo externo.  Tal es el caso del Ministerio de Justicia, que tiene el problema del hacinamiento en las cárceles, por lo que actualmente hace hasta lo imposible por solucionarlo, aunque haya que sacar reos a diestra y siniestra, y muchos de ellos estén saliendo a delinquir nuevamente. 

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Llego al aeropuerto y debo estacionar mi vehículo por al menos tres días. Busco al encargado para consultar si existe una tarifa para estas ocasiones e indica que sí, me toma los datos y pide que lo busque el día de mi regreso. A la vuelta me recibe y ocurre el punto de giro: el empleado llega directamente a mi vehículo y discretamente cambia mi tiquete por otro, “son ¢15 mil”, me dice, los cuales debo pagar ahí. 

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El proyecto de ley expediente No.19.490, que pretende modificar el delito de robo agravado en el Código Penal y el Código Procesal Penal, es impulsado por la diputada liberacionista Silvia Sánchez, pero según Carlos Chinchilla, magistrado presidente de la Sala III, ocasionaría más impunidad e inseguridad.

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La Junta de Internos Unidos de la cárcel de San Sebastián decidió no recibir más a ninguna persona, hasta que la población no se reduzca a 900 reclusos, a pesar que dicho centro es para una capacidad de 524 reos. El centro penal cuenta con 1.278 presos y tiene una sobre población de 754, lo que viene a afectar según los mismos reclusos los servicios básicos, donde atienden a 10 personas por día y pasar de dos médicos a uno y no hay odontólogo.

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Mientras la delegación de diputados que participó en la polémica visita a Nicaragua retornó ayer a la Asamblea, el legislador libertario y vicepresidente del Congreso José Alfaro se quedó en el país del norte.

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Solo restan 12 días para que se cumpla el plazo máximo para el cobro del marchamo 2015. La Procuraduría General de la República informó que no podrá pronunciarse sobre la consulta de la legalidad en el cobro planteada por los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público, el 30 de noviembre. 

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Una misión integrada por representantes del Fondo Monetario Internacional está de visita en el país para preparar un informe de la situación fiscal y perspectivas que este organismo manejará en los próximos meses con respecto a la visión económica de Costa Rica en el contexto de la región. En dicho encuentro el vocero de la misión internacional Lorenzo Figliouli reiteró la posición de Fondo Monetario sobre los plazos inexistentes que tiene nuestro país para aprobar un nuevo esquema fiscal que permita hacer frente a las deudas que mantiene nuestro país con organismos internacionales.

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Los vecinos de las comunidades entre Managua y Londres de Quepos se cansaron de esperar por ver que se realicen las obras en la carretera que comunica sus barrios, por lo que tomarán acciones para presionar al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi). Se trata de los trabajos en la ruta nacional 616, es de lastre pero ya hay un proyecto para asfaltarla, sin embargo este fue detenido sin que se les diera mayor explicación.

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La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) presentó una acción de inconstitucionalidad contra la nueva convención colectiva suscrita entre la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y su sindicato. Los empresarios impugnaron varios beneficios “por irracionales y desproporcionados”, indica un comunicado de prensa emitido por Uccaep.

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