Violencia - Estado/Gobierno

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El Ministerio de Vivienda (Mivah) rechazó la propuesta de una empresa constructora, la cual le ofreció levantar un proyecto de 350 casas en la Zona Atlántica, para familias de escasos recursos. El motivo de la negativa es simple, en esa zona no hay suficientes potenciales beneficiarios, por lo que no vale la pena invertir en un proyecto de tales dimensiones.

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En los hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) es común no asignar fecha para citas, exámenes y cirugías; práctica que, según la entidad, es totalmente prohibida. Pero sucede todos los días, obligando a decenas de pacientes a llamar o ir al hospital para saber cuándo abren agendas y les asignan la atención requerida. A esa práctica se le conoce como “blanqueo de listas de espera”, y fue denunciada recientemente por la Unión Nacional de Empleados de la Caja (Undeca).

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Una mujer identificada como Patricia Carrera, de 38 años sufrió un feo imprevisto cuando fue bajada del avión en el cual se dirigía para Estados Unidos juntos a su esposo Jorge Carvajal. Esto debido a que le giraron, por error, un impedimento de salida por pensión alimentaria. De acuerdo con Carrera, el muchacho que los atendió les indicó que hubo un error al digitar la cédula, pues la cédula del hombre al que realmente le pusieron la pensión empieza con 2 y la de ella es con 1.

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La abogada del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), María Gabriela Sánchez Rodríguez fue despedida por oponerse a una conducta ilegítima dentro de la organización, ya que ella sugirió rebajar el salario de 300 funcionarios que ganan como jefes y ya no lo son.

Los diputados apuntan contra Julieta Bejarano Hernández, directora jurídica del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) como la responsable del despido de quien fuera jefa de la Dirección de Consultoría y Procesos Judiciales.

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El Banco Hipotecario de la Vivienda (Bahnvi) desconoce cómo se gastaron ¢32.000 millones que entregó a entidades financieras autorizadas, para que otorgaran bonos de vivienda a familias de escasos recursos, incluso desde la década de los 90. La suma equivale a casi la mitad de los recursos que el Fondo de Subsidios para la Vivienda (Fosuvi) tiene colocados en bancos, mutuales, cooperativas y fundaciones, sin que haya obtenido reportes finales del uso que le dieron. Tales recursos se denominan cartera vigente.

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En la sala 18 de los tribunales de justicia del Primer Circuito Judicial de San José comenzó un juicio en el que se acusa a cinco manifestantes señalados de participar en una marcha en defensa de los servicios de salud y seguridad social, el 8 de noviembre de 2012. Estos fueron identificados como Luz Marita Arce Soto, Luis Diego Retana Solano, Denis Solís Cruz, Mario Villalobos Arias y Adrián Jean España.

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Dos inspectores de tránsito detuvieron a un chofer de la empresa Uber, este puso una denuncia No. 002-17-002335 registrada en el expediente No. 17-002066-0059-PE, en donde se acusa a los oficiales de abuso de autoridad contra el chofer, así como contra un cliente extranjero que se viajaba en el vehículo.

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La representante legal de la familia que denunció irregularidades con un menor de 10 meses de nombre David, en un albergue del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) de Ciudad Quesada, señala a cuatro funcionarios de las evidentes lesiones y el mal estado de salud que presenta el niño. 

Karla Granados, del bufete Vargas & Granados y abogada de la familia, señala al abogado del PANI Ernesto Romero, la psicóloga Jenny Salas, la trabajadora social Lisbeth Alfaro y la directora María Chávez como los funcionarios responsables de las anomalías registradas en esa institución.

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Johnny Araya, alcalde de San José, anunció en un acto público que la comunidad de barrio Don Bosco tendría calle, aceras y sistema de alcantarillado nuevos en siete meses. Lo que nadie les avisó es que a los habitantes les iba a tocar pagar los tubos, codos, el pegamento y hasta los sifones para el tratamiento de las aguas residuales.

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Los 284.183 expedientes de pensiones alimentarias que el Ministerio de Justicia tiene que tramitar en los juzgados de familia serían los responsables de los gruesos errores en los procesos de notificación. Las malas digitaciones han provocado que costarricenses que no deben nada a la justicia sean retenidos y se les impida salir del país.

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