Política

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Este plan regional, financiado con $2,6 millones aportados por la fundación Bill y Melinda Gates, el magnate de las comunicaciones Carlos Slim, el gobierno de España y el Ministerio de Salud, pretende disminuir la incidencia del embarazo en menores de 18 años.

Amalia forma parte de los grupos dirigidos por promotores del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), que junto al Ministerio de Educación, el programa Cen-Cinái y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) buscan incidir en la población adolescente para que tomen decisiones informadas sobre su sexualidad.

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El expresidente del Tribunal de Ética del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Castro Garnier, es investigado por la presunta agresión contra un hombre, en un restaurante en Escazú, San José.

Así lo confirmó, este martes, la oficina de prensa del Ministerio Público, que, ante consulta de este medio, detalló que la denuncia contra el exjefe del tribunal ético del PLN se presentó el martes 25 de agosto.

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La contralora general de la República, Marta Acosta, denunció que tres diputados ordenaron pagar, de manera indebida, $690.000 (¢385 millones) dentro del proyecto para la construcción de un nuevo edificio para la Asamblea Legislativa.

Se trata de los legisladores Henry Mora (del PAC), Luis Vásquez y Jorge Rodríguez (del PUSC), quienes integraron el primer Directorio de este periodo legislativo, que operó de mayo del 2014 a abril del 2015.

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El presidente Luis Guillermo Solís defendió, ayer por la mañana, la decisión de su Gobierno de gastar, fuera de los controles establecidos por ley, $1 millón (¢555 millones) que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) puso a disposición de su administración para ser invertidos en programas que se estimaran convenientes.

El BCIE otorga los fondos como cooperación financiera no reembolsable, a todos los Gobiernos centroamericanos.

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El gobierno de Luis Guillermo Solís perdió una ficha más, con lo que ya suma 23 bajas en su equipo. Se trata del viceministro de Planificación, Luis Alberto Fallas Calderón, quien dejó el cargo a partir de este 20 de julio.

En una carta enviada al presidente Solís y a la ministra de Planificación, Olga Marta Sánchez, el funcionario alegó “razones de naturaleza personal”.

En la misma nota, Fallas informa de que retornará a la plaza en propiedad que tiene en el Ministerio de Planificación.

Resumen: 

Los nueve diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto denunciaron a la directora jurídica del ICE, Julieta Bejarano Hernández, pues estiman que desde su alto cargo "violenta el deber de probidad".

El cuestionamiento se da porque una empresa que ella fundó con otras cuatro personas en 2005, y de la cual salió en 2010 para volver al Instituto Costarricense de Electricidad como jefa legal, recibió "contratos directos" por $17,6 millones en siete años, del 2006 al 2012.

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Una vez consultados sobre el proyecto de ley para regular las remuneraciones adicionales al salario, los bloque sindicales y el partido Frente Amplio prácticamente le anunciaron la guerra a dicha discusión.

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El Gobierno puso a consulta de las fracciones legislativas y de los bloques sindicales, desde el miércoles anterior, un borrador de proyecto de ley para limitar los pluses salariales de todo el sector público.

El texto proviene del trabajo de la congresista Sandra Piszk, de Liberación Nacional (PLN) junto con compañeros de distintos partidos y que integran la subcomisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa.

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El Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), encontró daños en el dique sobre el río Nosara, construido por la fima JCB un año atrás, en la primera obra pública levantada en el país con cemento chino.

El dique, financiado por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), con un costo de ¢1.200 millones, pretendía evitar emergencias por inundaciones del río Nosara, en el cantón de Nicoya, Guanacaste.

Resumen: 

La magistrada de la Sala Primera, Rocío Rojas Morales, tiene atascadas en su oficina 136 resoluciones a las que debe dar el visto bueno para que puedan pasar a votación del pleno de este tribunal de casación.

De esos proyectos pendientes de estudio por parte de Rojas, 43 ingresaron desde mayo del 2015 (31,6%), pero los otros 93 expedientes (68,4%) llevaban entre tres y 10 meses de permanecer en su despacho a la espera de que se resuelva cuál será su destino.

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