Política

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Mediante un proyecto de ley creado por los diputados del Movimiento Libertario, llamado Ya no más Recope.El Estado podrá deshacerse de las acciones de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y ceder a terceros parte de la infraestructura nacional ligada a los combustibles.  El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) autorizó al grupo la recolección de firmas para dicha consulta. Son necesarias 165.000 rúbricas que corresponden al 5% del padrón electoral.

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El Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop), ha otorgado préstamos con tasas de interes de un 2% anual, a 35 años plazo y con cinco años de gracia antes de empezar a pagar el principal, algo muy por debajo de lo habitual. Las demás empresas cobran hasta un 14% deinterés por los préstamos.En un estudio elaborado por La Nación sobre la cartera crediticia del Infocoop, se determinó que allí se han dado préstamos con tasas muy por debajo de las del mercado en los últimos 10 años.

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El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), está cobrando la suma de ¢40 millones de cuota de inscripción a los aspirantes a la presidencia.Esa medida podría ser un favorecimiento hacia uno de los cuatro precandidatos, alegan tres de los aspirantes a la candidatura presidencial, quienes recurrieron al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) con el alegato de que el alto cobro les violenta sus derechos electorales.

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Un grupo de diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC), no le agradó la idea del anuncio que hizo la Cancillería de postular a la exasesora legislativa, exdiputada y exministra de Cultura del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Aida Faigenzicht, para ocupar una silla en el Consejo Directivo de la Unesco, en París.

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La situación económica en Costa Rica se está deteriorando. Atrás quedó la estabilidad registrada en el 2016 y los buenos resultados en las principales variables financieras. En el 2017, el crecimiento real probablemente será inferior al observado el año pasado; el desempleo continúa en niveles elevados (9,5% de la fuerza laboral) la inflación ha comenzado a repuntar (aspecto que consideraremos próximamente), se suspendió la reducción de las tasas de interés y, próximamente, veremos nuevos aumentos en el costo del dinero.

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Hasta ahora el gobierno ha conseguido recursos sin presionar al alza de tasas de interé en colones, pero para el otro año la situación se complica debido a la deuda acumulada y las nuevas necesidades de recursos que aglomeran. Este año, la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda logró negociar con los inversionistas y darles nuevos títulos con plazos más largos (lo que se denomina canje de deuda), con lo cual logró reducir los vencimientos a la mitad (¢576.721 millones). No obstante, para el 2018 el monto se duplicará (¢1.257.304 millones).

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Los miembros de la Junta Directiva de Bancrédito aprobaron un alza del 9,44% en el gasto en dietas para el 2017, en momentos en que la entidad atraviesa una crisis financiera. La institución presupuestó ¢240 millones para cubrir el costo de las sesiones de los siete miembros de su Junta, mientras que el año pasado fueron ¢219 millones.

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 El Partido Acción Ciudadana (PAC), le solicitó al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) reservar esa suma del dinero para capacitación y organización de la deuda política que le corresponde de los comicios de 2014. Este intenta usar fondos públicos para pagar la condena de ¢353 millones que le impuso un tribunal penal en diciembre pasado. 

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Dirigentes del Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop) le achacaron al diputado Victor Morales Zapata del Partido Acción Ciudadana (PAC), ser el promotor de que el gobierno haya intervenido en la organización. Durante una conferencia de prensa contra la decisión de Casa Presidencial de tomar el control del Infocoop, el Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop) señaló a Morales Zapata como "el promotor" de la intervención por parte el Poder Ejecutivo.

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El Procurador de la Ética Pública, Rónald Víquez, lanza un llamado para que se cumpla con la sentencia de la Sala IV del 2010, que condenó a la Asamblea Legislativa a establecer un régimen disciplinario que permita castigar las violaciones a la ética y la probidad de los diputados. Sin embargo, el abogado del Estado afirma que ante la negativa del Congreso por cumplir, de momento, lo que se genera es impunidad administrativa.

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